La reciente aprobación en el Congreso de la Unión de la iniciativa que garantiza el libre acceso a las playas y Áreas Naturales Protegidas en México ha generado un amplio respaldo social y turístico, especialmente en Quintana Roo, donde la relación entre desarrollo hotelero y conservación ambiental es clave para la economía estatal.
El sector hotelero del Caribe Mexicano reconoció que la medida responde a un anhelo histórico de la ciudadanía y a un principio constitucional que establece que las playas son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, los empresarios advierten que el reto no radica en abrir más accesos, sino en asegurar que estos se mantengan seguros, limpios y sustentables, sin trasladar toda la carga de su mantenimiento al sector privado.
“No es un riesgo para el turismo, es una oportunidad social”
David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y de la Asociación de Hoteles de Tulum, celebró la aprobación de la reforma, al considerar que consolida un esquema más equilibrado entre la actividad turística y el derecho ciudadano al disfrute de los bienes naturales.
“La reforma no representa un riesgo para el turismo, sino una oportunidad para fortalecer la convivencia entre visitantes y residentes. Todos queremos playas limpias, seguras y accesibles, pero eso solo será posible si se establecen reglas claras sobre quién las administra y cómo se cuidan”, señaló.
El líder hotelero subrayó que, en destinos como Tulum, Playa del Carmen y Cancún, los accesos públicos suelen enfrentarse a problemáticas recurrentes como la falta de estacionamiento, basura acumulada, comercio informal y ausencia de servicios básicos.
Una reforma con amplio consenso social
La reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, establece que el acceso a las playas marítimas y zonas federales marítimo-terrestres será libre, gratuito y permanente, salvo en los casos que señalen otras leyes por razones de seguridad nacional, protección ambiental o interés público.
El texto aprobado prohíbe expresamente la imposición de cobros, cuotas o restricciones de paso, salvo cuando se trate de medidas justificadas en reglamentos ambientales o de seguridad.
A la par, se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, obligando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a garantizar que las Áreas Naturales Protegidas estén abiertas al público al menos un día a la semana, preferentemente domingos o días festivos, sin costo alguno.
El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), explicó que la modificación “busca devolverle a las y los mexicanos el derecho a disfrutar de su patrimonio natural sin barreras artificiales”.
Equilibrio entre turismo y sustentabilidad
En Quintana Roo, estado con más de 930 kilómetros de litoral, la noticia fue recibida con atención tanto por ambientalistas como por los hoteleros, quienes coinciden en que el acceso libre debe ir acompañado de programas de ordenamiento y educación ambiental.
Desde la perspectiva de los empresarios turísticos, los municipios costeros como Tulum, Solidaridad y Benito Juárez necesitan contar con infraestructura pública adecuada, pues gran parte de los accesos existentes carecen de señalización, sanitarios o vigilancia.
“No pedimos concesiones exclusivas ni privilegios, pero sí una corresponsabilidad institucional. La conservación de las playas es una tarea colectiva: hoteles, autoridades y ciudadanía debemos proteger lo que es de todos”, recalcó Ortiz Mena.
Además, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano insistió en que la apertura de accesos debe planearse con criterios técnicos, garantizando la seguridad de los bañistas, la protección de dunas y manglares, y el respeto a las especies que habitan las zonas costeras.
Una política con impacto social y económico
La iniciativa fue impulsada originalmente por legisladores de Quintana Roo y respaldada por asociaciones civiles que durante años denunciaron la privatización de accesos a las playas. Según estimaciones del sector turístico, la apertura ordenada de nuevas entradas públicas podría incrementar en 12% el flujo de visitantes locales en los próximos tres años, fortaleciendo la economía de comunidades costeras.
Por su parte, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) señaló que el libre acceso debe integrarse dentro de un modelo de turismo responsable, que promueva la inclusión y la convivencia sin poner en riesgo el equilibrio ecológico.
“Las playas son un activo de todos los mexicanos, pero también requieren gestión profesional. Es necesario definir presupuestos claros para su mantenimiento y limpieza”, indicó la dependencia en un comunicado.
Próximos pasos
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación y deberá reglamentarse en un plazo de 180 días. En ese tiempo, los gobiernos estatales y municipales deberán actualizar sus normativas locales para establecer los mecanismos de acceso, vigilancia y conservación.
En Quintana Roo, el tema será prioritario dentro del Plan Estatal de Turismo Sustentable 2025–2030, que busca armonizar el desarrollo económico con la protección de los ecosistemas costeros.
Así, el Caribe Mexicano se prepara para una nueva etapa en la que el turismo, la sociedad y el medio ambiente podrán convivir de manera más justa y sostenible, haciendo realidad una premisa simple pero poderosa: las playas son de todos, y todos somos responsables de cuidarlas.
