En una movida que ha encendido alertas en el ámbito digital y de derechos humanos, el Senado de la República aprobó por vía rápida y con mayoría de Morena a iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que el nuevo marco legal contempla medidas que podrían representar una grave amenaza a la libertad de expresión en Internet, al otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el poder de bloquear plataformas digitales enteras a petición de autoridades, sin requerir una orden judicial.
“El bloqueo de plataformas digitales constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio o televisión”, declaró R3D. Esta decisión contraviene señalan principios constitucionales y tratados internacionales que prohíben expresamente la censura previa.
Además del poder de censura, la reforma también habilita a la Agencia encabezada por José Antonio Peña Merino, figura cercana a la mandataria a crear un registro nacional de usuarios de servicios móviles, con implicaciones preocupantes para la privacidad y el control de datos personales.
La iniciativa incluye también la autorización para que instancias de seguridad adquieran tecnología capaz de bloquear señales de telefonía e Internet, sin especificar los supuestos bajo los cuales se permitiría su uso.
Este paquete legislativo, presentado como una apuesta por la transformación digital, despierta cuestionamientos fundamentales:
¿Hasta dónde puede llegar el poder del Estado sobre las comunicaciones digitales?
¿Puede una nación democrática justificar el apagón preventivo de plataformas bajo el pretexto de cumplimiento normativo?
En tiempos donde la conectividad es sinónimo de ciudadanía, información y libertad, la discusión no es técnica: es profundamente política.
