Como parte del ambicioso programa nacional Vivienda para el Bienestar, la iniciativa privada ha presentado una propuesta que podría marcar un punto de inflexión en la política habitacional del país: la construcción de 66,000 viviendas distribuidas en 14 entidades federativas, en una primera etapa de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El anuncio fue realizado por Carlos Eduardo Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), durante su participación en el Foro 400 de Tiburones Inmobiliarios. El planteamiento consiste en edificar estas viviendas en reservas territoriales ya disponibles por parte de los desarrolladores afiliados, lo que permitiría iniciar obras en el corto plazo.
“Este paquete ya está siendo analizado por las áreas técnicas del Infonavit, que evalúan la viabilidad de los proyectos”, afirmó Ramírez Capó, quien subrayó el compromiso del sector por avanzar hacia un modelo de urbanismo ordenado, justo y funcional.
Una meta nacional sin precedentes
Para el sexenio en curso, el Infonavit ha fijado como meta la construcción de 600,000 hogares, dirigidos a trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Este esfuerzo se complementará con una inversión superior al millón de hogares por parte del Gobierno Federal, en sinergia con estados, municipios y desarrolladores.
A inicios de abril, el Infonavit firmó los primeros 17 contratos de obra para igual número de conjuntos habitacionales, que contemplan la construcción de 22,260 viviendas. De estos, diez se ubican en terrenos cedidos por gobiernos locales y siete en predios adquiridos a desarrolladores privados.
Además, se proyecta la firma de 53 contratos adicionales en abril, con lo cual para mayo se habría iniciado la construcción de al menos 51,000 viviendas, es decir, más del 50% de la meta prevista para 2025.
Viviendas con visión integral
Las nuevas casas ofrecerán 60 metros cuadrados habitables, estarán cerca de fuentes de empleo y contarán con acceso a servicios básicos, infraestructura urbana, áreas verdes y espacios comunitarios. Se priorizarán los principios de seguridad, confort, eficiencia energética y asequibilidad.
Sin embargo, los retos estructurales persisten. Dotar de servicios esenciales, como agua potable, a estas zonas es uno de los principales desafíos. Se estima que por cada 1,000 viviendas se requieren 300,000 metros cúbicos anuales de agua, lo que implicaría habilitar al menos 50 millones de metros cúbicos por año para cumplir con las metas proyectadas.
Planeación urbana: el desafío transversal
Otro reto crucial radica en la actualización de los programas municipales de desarrollo urbano, ya que muchos aún no contemplan densidades compatibles con este modelo. El programa propone entre 160 y 180 viviendas por hectárea, una densidad óptima para consolidar comunidades urbanas sostenibles, pero aún fuera del marco normativo de numerosos municipios.
“El reto es muy transversal. Se requiere una visión compartida entre los tres niveles de gobierno y la industria”, concluyó el dirigente empresarial.
Con este nuevo impulso, México se aproxima a una transformación habitacional sin precedentes, donde el desarrollo inmobiliario se alinea con la justicia social, la sostenibilidad urbana y el derecho a una vivienda digna para todas y todos.
